Publicado: Guatemala, 17 de septiembre del 2024
¿Puede el gobierno controlar lo que decimos? Carroll Ríos de Rodríguez analiza la creciente intervención estatal en el ámbito de la libertad de expresión. Ríos explica cómo los gobiernos buscan obtener el poder para censurar y regular opiniones.
Las medidas estatales para silenciar voces ponen en riesgo la libertad de expresión. Por difundir supuesta desinformación, el juez Alexandre de Moraes ordenó suspender el uso de la plataforma X en Brasil, después de un tira y encoge con su dueño, Elon Musk. El gobierno de Francia alega que el servicio de mensajes Telegram admite la publicación de contenidos criminales y por ese motivo encarceló a su fundador y gerente, Pavel Durov.
En Escocia e Inglaterra, cientos de personas guardan prisión por publicar entradas en redes sociales que, a juicio de las autoridades, son erróneas o racistas. “Piensa antes de publicar”, advierte una nueva campaña estatal que revela el afán del nuevo gobierno de izquierda por controlar severamente cierto tipo de discurso.
Un caso notorio es el de la autora y filántropa J. K. Rowling. A través de mensajes en X, ella retó a la policía de Escocia a arrestarla por sus opiniones en defensa de las mujeres. Según la ley de crímenes de odio que entró en efecto el 1 de abril de este año, podría purgar hasta ocho años en la cárcel quien afirma que el sexo es inmutable y que un hombre no puede ser mujer.
El derecho a la libertad de expresión no es absoluto. Históricamente ha sido restringido para desalentar la difamación, la pornografía y la obscenidad, o para proteger la propiedad intelectual. Estos límites distan mucho de la movida para convertir al gobierno en dictador de lo que se puede creer y decir. Los recientes actos de censura coronan una década de políticas públicas enmarcadas por la cultura de la cancelación. En muchos países, las personas polémicas son socialmente excluidas, despedidas o marginadas abruptamente. Escuchamos del despido de un profesor universitario por proferir un insulto racial o de graves consecuencias para reporteros que osan cubrir una noticia controversial. En empresas y centros educativos, redactan códigos que instruyen sobre el lenguaje permitido e imparten clases de adoctrinamiento woke. La cordialidad cede su lugar a la aprehensión, la desconfianza mutua y el sigilo. Además, ahora se equipara los crímenes duros, como asesinato y secuestro, con las palabras criminalizadas.
El actor Rowan Atkinson, mejor conocido por su cómico personaje Mr. Bean, se ha pronunciado repetidamente en contra de la cultura de la cancelación. Encerrar a la gente por sus opiniones es una respuesta intolerante. Atkinson traza una comparación atinada entre la libertad de expresión y una enfermedad infantil. Para fortalecer nuestras defensas, es preciso promover más diálogo, no menos. “Debemos construir nuestra inmunidad a tomar ofensa… nuestra prioridad debe ser trabajar con el mensaje, no el mensajero,” subraya.
En 1923, el historiador británico y político liberal Ramsay Muir escribió unos párrafos muy apropiados para estos tiempos. Muir describe la “fe liberal” como aquella creencia en el valor supremo de cada persona, con todo y su capacidad para pensar y actuar según su conciencia libre. Pregunta Muir: “¿Qué hombre o grupo de hombres osa presumir de decretar que unos entre ellos deben ser exaltados, otros condenados o prohibidos?”. Los esfuerzos por uniformar los criterios y desvanecer las diferencias entre las personas son siempre represivos y antiliberales. Dirigiéndose a miles de manifestantes brasileños opuestos al cierre de X, el joven diputado Nikolas Ferreira acusó al juez Moraes de ser un “criminal que usa sus poderes… para evitar que sepamos la verdad”. Moraes no solo silenció las voces de la oposición, sino todas las voces de Brasil. Violó los derechos de quienes comunican y quienes escuchan. ¡Que esto no pase jamás en Guatemala!