La aceptación de cargos fomenta la corrupción

La Ley de Aceptación de Cargos, que supuestamente tenía un buen objetivo, se ha visto desnaturalizada en un sistema judicial tan corrupto y disfuncional como el que tenemos en Guatemala. Lo que algunos temíamos que iba a suceder con esa ley, se ha cumplido de la manera más tenebrosa, desnudando las falencias de la impartición de justicia en nuestro país. ¿Es momento de eliminarla, o por lo menos arreglarla?

El caso más reciente de un escándalo con esa ley —que realmente son modificaciones al Código Procesal Penal— se dio hace un par de semanas, cuando un juzgado dejó libres a más de cien mareros extorsionistas utilizándola. Los pandilleros habían sido capturados en un operativo que se denominó “Rescate del Sur” hace ya varios años. Eran parte de la clica “Solo para Locos” del “Barrio 18”, que se dedicaban a extorsionar en la costa sur del país, incluso asesinando a varias de sus víctimas.

Pero los esfuerzos de las autoridades para capturar a estos criminales fueron neutralizados, irónicamente, por el sistema de injusticia de Guatemala. En esta ocasión, 108 pandilleros decidieron acogerse a la Ley de Aceptación de Cargos para acortar sus condenas. Admitieron su participación en los crímenes de los que se les acusaba y, como consecuencia, recibieron penas de entre cuatro años y cuatro años con nueve meses de prisión, lo que, automáticamente, les garantizaba salir en libertad. Esto es porque, según la Ley del Sistema Penitenciario, todas las condenas menores a 5 años son sujetas a excarcelación automática, con solo pagar la “multa” por los días de la condena.

El problema aquí es que, a mi parecer, esa condena es un fraude de ley cometido con el fin de dejar libres a estos criminales. En la Ley de Aceptación de Cargos dice claramente que “la rebaja de penas por la aceptación de cargos no se aplicará a los delitos… (de) extorsión…”, entre otros. Sin embargo, para que pudieran verse favorecidos con la rebaja de penas, a los mareros no se les acusó de extorsión, sino que de otros delitos: “asociación ilícita, obstrucción extorsiva de tránsito y exacciones intimidatorias”. De esa manera se libraron de la cárcel los mareros que le puedo garantizar, casi al 100 por ciento, no saldrán rehabilitados de la cárcel y que al día siguiente de su egreso, regresarán nuevamente a las extorsiones.

El problema principal no es solo que estos criminales salgan libres tan fácilmente, sino quién los dejó libres y por qué. ¿Fueron los fiscales del Ministerio Público (MP) quienes los acusaron de esos delitos para que pudieran salir libres? O ¿fue el juez que llevó el caso quien les cambió los delitos? No tengo idea de qué pueda haber pasado en este juicio, pero de que “algo huele mal en Dinamarca”, lo huele. Por ello, hago un llamado público, tanto a las autoridades judiciales como a las del MP a que investiguen qué sucedió en ese caso, quién es el responsable de dejar libres a estos criminales, y por qué.

Además, hay que considerar las consecuencias “no esperadas” que ha tenido la Ley de Aceptación de Cargos. Debido a la inoperancia del sistema de justicia, al abuso de la “prisión preventiva” y a lo terrible que es el sistema penitenciario, muchas personas inocentes han encontrado que la única manera de librarse del infierno penitenciario es declararse culpable de delitos que no cometieron. Esto representa un gran dilema moral para muchos que, correctamente, quisieran enfrentar al sistema para mantener su inocencia, pero el costo de hacerlo es tan alto, en todos los sentidos, que prefieren ponerse el sambenito de delincuentes antes que arriesgar hasta perder la vida en una cárcel guatemalteca.

Definitivamente, los incentivos están mal puestos. Lo que se debe arreglar es el sistema de justicia y eliminar esta legislación o, por lo menos, corregir los graves errores que tiene.