Publicado: Guatemala, 20 de agosto del 2024
¿En qué gastarán los millones? Carroll Ríos de Rodríguez examina la necesidad de una constitución fiscal para proteger a los ciudadanos de los abusos del gasto público. Rios explica cómo tarde o temprano tendremos que pagar la factura por todas las fiestas gubernamentales.
Provocó protestas generalizadas la ampliación presupuestaria que aprobaron de urgencia 110 diputados en el Congreso el pasado 13 de agosto. Es buen momento para reevaluar la posibilidad de blindarnos frente a potenciales abusos y arbitrariedades de los gobiernos de turno, a través de una constitución fiscal.
La discusión nacional se ha centrado en el qué, el cómo y el para qué: ¿el modo de proceder para aprobar la ampliación que asciende a 14 mil 451 millones 700 mil 391 quetzales fue legal? ¿En qué gastarán los millones? Los detractores del extinto Partido Semilla señalan que la turbia maniobra coloca a sus diputados al mismo nivel que otros políticos desprestigiados. Los votantes semilleros deben sentir frustración al no poder asegurar que las autoridades harán buen uso de esos preciados recursos. Esperaban frugalidad, transparencia y eficacia.
Más allá del tamaño abultado y de la calidad del gasto, cabe subrayar que, tarde o temprano, los contribuyentes guatemaltecos tendremos que pagar la factura por todas las fiestas gubernamentales.
Los gobernantes suelen actuar como si el dinero crece en árboles o pueden aparecer fondos adicionales mágicamente, chasqueando los dedos. Además, prometen que el gasto público aportará bienestar. ¡Qué ricos seríamos si los grandes presupuestos estatales infaliblemente provocaran el desarrollo económico! La realidad es otra. El dinero es escaso. El gobierno consigue fondos cobrando impuestos, echando a andar la maquinita de la inflación o contrayendo deuda pública. Tarde o temprano, cubrimos las tres cosas con nuestros ahorros e ingresos personales, pues la inflación es un impuesto oculto y la deuda un impuesto diferido.
Siempre es bueno preguntarnos: ¿qué uso alterno pudiera darse a los recursos financieros transferidos al erario? ¿Cuáles incentivos imperan sobre las personas que deciden cómo gastarlo? En el mercado, los ciudadanos enfrentamos incentivos distintos de los que enfrenta un político. Cuidamos hasta los últimos centavitos, porque nos costaron sudor y esfuerzo; además, los prestamistas no suelen dejar que nos endeudemos muy por encima de nuestras posibilidades de pago. En cambio, los procesos en la arena política fomentan la irresponsabilidad. Los políticos gastan dinero ajeno, y buscan maximizar su presupuesto. Prefieren ejecutar proyectos hoy, para ganar popularidad. Y trasladan los costos sociales al futuro, para cuando ya no estén en el poder.
De allí que los gobernantes deben sujetarse a reglas que limiten su capacidad de endilgarnos una amarga y exagerada cuenta. Existen distintas fórmulas para elaborar una constitución fiscal, pero el fin es balancear el presupuesto y amarrar el gasto a los ingresos para controlar los déficits fiscales. Los votantes de Colorado se dieron a sí mismos una constitución fiscal inteligente cuando aprobaron en 1992 la Declaración de los Derechos del Contribuyente (TABOR). Ella permite aumentos al gasto público en función de la tasa de inflación y el crecimiento poblacional. Además, los ciudadanos aprueban en plebiscito cualquier nuevo impuesto o una tasa más alta a un impuesto existente. Si se recauda más de lo que el Estado puede gastar, se devuelve el excedente al ciudadano. Se estima que este año serán devueltos a los contribuyentes de Colorado un total de $3.28 mil millones. Dado que los gobiernos están al servicio de los ciudadanos soberanos, deberíamos tener reglas que recuerden a nuestros representantes de turno, indistintamente de su ideología o partido, que no pueden disponer tan ligeramente ni despilfarrar a su antojo nuestros recursos escasos.