Publicado: Guatemala, 6 de diciembre del 2024
¿Puede el Gobierno censurar a los ciudadanos? Luis Figueroa explica cómo la libertad de expresión es fundamental para la dignidad humana, para limitar el poder y para buscar la verdad.
Como si fuera una KGB, una Gestapo, o una Stasi, a la Comisión Presidencial contra la Discriminación y Racismo contra los Pueblos Indígenas de Guatemala el acuerdo gubernativo 189-2024 le dio la facultad de monitorear publicaciones de medios de comunicación y denunciarlos con el argumento de encontrar posibles casos de discriminación y racismo contra los pueblos indígenas.
¡Pero nadie, ni medios de comunicación, ni individuo alguno deberían ser monitoreados por el gobierno para censurar su libertad de expresión!
En ese espíritu, la Asociación de Periodistas de Guatemala presentó una acción de inconstitucionalidad contra aquella pretensión autoritaria; y la Cámara Guatemalteca de Periodismo, así como el Círculo Nacional de Prensa, se manifestaron contra la mordaza. ¡Pero, ojo! La libertad de expresión es un derecho individual, de los individuos (valga la redundancia), antes que uno colectivo de los medios (de hecho, no hay tal cosa como derechos colectivos). En ese contexto, también, es importante hacer notar que el acuerdo en cuestión contradice la Declaración de Chapultepec que firmó recién el presidente Arévalo.
En consecuencia, la administración semillera anunció que inició un proceso de revisión de aquel acuerdo nefasto y esa decisión es correcta. No vaya a ser que se repita el caso de abuso, humillación y bullying cometido contra María Chula, hace unos años. En aquel proceso, seguramente habrá defensores de la normativa despótica; sin embargo, el faro que debe guiar a quienes participen de buena fe es el principio de que los derechos individuales deben prevalecer siempre sobre los intereses colectivos, porque es de interés colectivo que así sea. No hay que olvidar que la libertad de expresión no es solo la facultad de transmitir ideas, que ya es bastante; la libertad de expresión, principalmente, es la facultad de formar y validar ideas; es esencial para pensar. ¿Cómo no va a ser de interés colectivo proteger, con todo, la facultad de pensar? La verdad sea dicha, mucha de nuestra capacidad de pensar, de la que depende la prosperidad humana, es posible solo por medio del intercambio de ideas, las conversaciones, el discurso crítico y el debate franco y abierto.
Como se vio en el caso de María Chula, la discriminación y el racismo son conceptos caprichosos y arbitrarios, fácilmente manipulables desde la irracionalidad y ponen en peligro los valores citados arriba.
Por supuesto que todo aquello no quiere decir que al expresarse libremente uno no deba tomar en cuenta la prudencia, los buenos modales, el buen gusto y otras virtudes y valores relacionados. Pero no le corresponde al poder político decidir qué se puede decir y qué no.
Otra forma de ver el valor de la libertad de expresión es que es fundamental no solo para respetar la dignidad humana, sino para limitar el poder (que en este caso es el poder de censurar) y, sobre todo, para buscar la verdad. Quien censura, quien impide y prohíbe la discusión de ciertos temas, es enemigo de la búsqueda de la verdad y es promotor del pensamiento único. En otras ocasiones he dicho —y sostengo— que en una sociedad abierta, libre y sana lo que corresponde es desafiar el pensamiento único. Incluso en temas incómodos, como la discriminación y el racismo, que hay que abordar con objetividad y honestidad, sin banalizarlos, para no servir a los intereses de los grupos que viven del conflicto y del enfrentamiento.
No es mediante la censura y la mordaza que se combaten las malas ideas; sino mediante la educación y la persuasión. Ojalá entendieran esto los encargados de modificar el reglamento de la Codisra.