Publicado: Guatemala, 3 de octubre del 2024
¿Es sostenible aumentar el gasto sin respaldo en ingresos? Ramón Parellada explica cómo el presupuesto del 2025 debería priorizar la prudencia fiscal para evitar un endeudamiento descontrolado que comprometa el futuro económico del país.
El proyecto de presupuesto del Estado de Guatemala para 2025 proyecta un déficit del 3.2%. Sin embargo, al mejor estilo de los keynesianos, está repleto de gastos que ignoran ciertos parámetros de responsabilidad fiscal exigidos para presentar un presupuesto, por lo que los diputados del Congreso de Guatemala deberían rechazarlo ipso facto. Alejandro Arévalo, en su columna de opinión Falencias del presupuesto del Estado 2025 (Prensa Libre, 2 de octubre de 2024), revela muy claramente los errores técnicos de este proyecto.
Arévalo indica que es más de lo mismo, contradice la Ley Orgánica del Presupuesto (LOP), proyecta utilizar deuda para cubrir gastos corrientes y de funcionamiento, ignora la opinión de la Junta Monetaria respecto de la contratación de más deuda y no prevé cubrir las deficiencias netas del Banco de Guatemala (Banguat). Añado que tampoco existe intención de comenzar a pagar la deuda histórica que se tiene con el Instituto de Seguridad Social (IGSS).
Al analizar los supuestos de ingresos tributarios del Ministerio de Finanzas Públicas, se observa una sobreestimación de estos para 2025. Están calculando recibir un 10% más en ingresos tributarios el próximo año, cuando esperan un crecimiento real del PIB del 3.7% (nominal del 71%). En lo personal, me cuesta creer que alcanzaremos crecimientos mayores del PIB y de los ingresos tributarios. Las medidas que el gobierno impulsa en cuanto al “Cambio Climático” —por ejemplo, prohibir la tala de bosques, retardar los permisos de minería o aumentar la presión tributaria sobre los contribuyentes—, además de la demora en la reparación de la infraestructura vital para mover productos agrícolas e industriales, la congestión de los puertos y el aumento en gastos burocráticos, solo significan un incremento del tamaño del gobierno y más gastos que no generan un aumento en la riqueza.
Por otra parte, los cálculos de la deuda siguen sin ser transparentes, ya que no consideran lo que se debe al IGSS e ignoran lo que se tiene que cubrir al Banguat. Estimo que, como máximo, el próximo año se recaudará un 6% más de lo que se está recaudando este año, lo que implica que en el nuevo presupuesto habrá que cubrir una diferencia de casi un 29% con deuda entre gastos totales e ingresos tributarios. De aprobarse tal como está, considero que el déficit será mayor y podría llegar alrededor del 4%. Una irresponsabilidad a todas luces. Mientras que en Argentina y nuestro vecino El Salvador han proyectado sus presupuestos para 2025 con déficit cero, aquí el gobierno proyecta incrementarlo al 3.2%.
Adam Smith, en su obra La riqueza de las naciones, hace una comparación entre el gasto público y el gasto familiar. En ambos casos, la prudencia debe prevalecer. Si una familia es cuidadosa al evitar gastar más de lo que ingresa, ¿por qué el gobierno no lo es? Una familia prudente debe adaptarse a sus posibilidades de acuerdo con su nivel de ingresos; lo mismo debe hacer un gobierno. Debe evitar gastos superfluos y aquellos que no están relacionados con su misión principal, enfocándose en el crecimiento y desarrollo económico de la población. Si una familia es responsable en cuanto a sus gastos, el gobierno también debe ser fiscalmente responsable del gasto público. Creo que el gobierno no debería gastar más de lo que le ingrese en impuestos. Debe concentrarse en seguridad y justicia, dejando que otros se encarguen del resto, pues lo hacen mejor. El proyecto de presupuesto del Estado para 2025 no debe aprobarse.